El Ayuntamiento de Las Rozas cuenta con 650 trabajadores públicos municipales. Junto a este personal conviven más de 1.000 trabajadores contratados por empresas que prestan servicios municipales que están privatizados, como la recogida de basuras; limpieza y mantenimiento de las calles y zonas verdes; el servicio de Ayuda a Domicilio o la seguridad de las instalaciones municipales.
En muchos casos la privatización de servicios tiene como único objetivo dar una cobertura legal a la incorporación de personal a servicios municipales evitando la oferta de empleo público.
Esto sucede en el caso de la Escuela de Música y Danza en la que conviven trabajadores municipales con profesores contratados por empresas privadas, realizando las mismas funciones pero con condiciones laborales muy distintas, lo mismo sucede con los monitores de los polideportivos municipales o con trabajadoras del área de servicios sociales. Esta situación pone de manifiesto que estas externalizaciones son irregulares en esencia, porque estos trabajadores deberían formar parte de la plantilla municipal.
Los trabajadores vinculados a estos contratos muchas veces no tienen derecho de subrogación y pierden el empleo cuando vence el contrato de sus empresas con el Ayuntamiento, no acumulan antigüedad porque tienen contratos temporales, no tienen posibilidad de acceder a mejoras laborales y como consecuencia sus salarios se suelen limitar a las tablas salariales de los mínimos que marca su convenio.
La consecuencia de este modelo de gestión es la pérdida del control de los servicios por parte del Ayuntamiento y la precarización del empleo asociado a estos contratos
El modelo de contratación pública del PP está basado en el ahorro de costes, mediante la adjudicación de contratos a las empresas que prestan el servicio más barato, en detrimento de otras cuestiones como las condiciones laborales de los trabajadores o la calidad del servicio.
La consecuencia de esta política de contratación es la adjudicación de servicios a empresas a un coste muy bajo, que luego tienen dificultades para prestar los servicios en las condiciones a las que se han comprometido y acaban sacando el beneficio empresarial del recorte de derechos laborales de los trabajadores vinculados al servicio. A esto hay que sumar el escaso seguimiento que se hace del cumplimiento de las obligaciones de los contratos que en muchos casos le acaba saliendo gratis a las empresas que no cumplen.
Sólo en esta Legislatura cuatro contratas del Ayuntamiento han quebrado y han dejado de pagar las nóminas. Más de 200 trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, del control de accesos de edificios municipales, los monitores de los polideportivos y el profesorado de la escuela de música, se han visto afectados por esta situación.
Es hora de que el PP se replantee su política de privatizaciones y su modelo de contratación, o que deje paso a aquellos que apostamos por la gestión pública para garantizar la calidad de los servicios y los derechos laborales de los trabajadores.
Deja tu comentario