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Los adjudicatarios siguen atrapados con la especulación de sus viviendas

 

Se cumplen los siete años de `protección pública´ de las viviendas de esta urbanización situada en el distrito Centro. Sus inquilinos ya han sido avisados vía burofax por la actual propietaria de los pisos, el fondo de inversión BLACKSTONE, a través de su filial en España, Fidere.  Ahora tienen que ejercer su opción a compra o por el contrario renovar un alquiler como vivienda libre con una subida mínima progresiva de un 30 por ciento.  La historia de estas viviendas arrastra oportunismo electoral, información engañosa, negocio privado, y frustración de aquellos jóvenes que se han organizado para defenderse desde el primer momento hasta el mismo día de hoy.  Los adjudicatarios han llenado los últimos Plenos municipales y seguirán recordando a su Ayuntamiento que un día quiso que se quedaran en Las Rozas y ahora, con un hogar formado, algunos con hijos, se tendrán que ir del municipio.

Desde Contigo por Las Rozas, te ofrecemos este reportaje informativo basado en testimonios y en el debate político en el que todavía está inmerso. 

 

Un “buen Plan” para los jóvenes de Las Rozas

En el 2006, el gobierno municipal del PP, con Bonifacio de Santiago como Alcalde, firmó un convenio con la Comunidad de Madrid —gobernada por Esperanza Aguirre—para la construcción de las primeras 600 viviendas dentro del Plan regional de Vivienda Joven. Con un crecimiento urbanístico imparable en las últimas tres Legislaturas y entrando en un nuevo año electoral, se hace sonar el “buen Plan” de acceso a la vivienda `con protección´ para fidelizar a los jóvenes con su pueblo.

Marta era estudiante universitaria, compartía piso en Las Rozas y recuerda que había poca información, “decía un anuncio que eran baratas y con opción a compra”.  Cuatro mil jóvenes se apuntaron en la Empresa Municipal de la Vivienda para el sorteo en el 2010 de las 400 viviendas construidas en El Montecillo y 200 en La Marazuela. Javier cumplía con los requisitos que se pedían: empadronado con más de diez años en el municipio y un límite de renta, “nunca me ha interesado comprar pero era muy buena expectativa para pensar en un futuro hogar en Las Rozas”.  Valeska y Jose Antonio aún recuerdan la entrega de llaves en el Palacio de Congresos de Madrid “estábamos todos muy ilusionados. Me tocó la compra directa pero tenía que entregar 50.000 euros en diez días y no tenía.  Me quedé con el alquiler pensando que en 7 años podría comprarla”.  Gonzalo puntualiza que “jugaron con nuestra ilusión de vivir en Las Rozas” porque explica como las condiciones fueron cambiando “se nos dijo que serían 500 euros de alquiler y comenzamos firmando con la empresa constructora FERROCARRIL por 700 €,  añadido el IBI y dos plazas de garaje obligatorias”.

El 80 por ciento de los elegidos en el sorteo renunciaron a las viviendas en un momento en el que ya se hablaba de crisis y porque no era una vivienda barata. Tres meses después fueron entrando los que estaban en la lista de espera.  Patricia conocía la situación, aceptó con dudas pero dice que “merecía la pena porque estaba un poco más barato que el mercado libre”. No obstante, la alarma generada con el primer contrato hizo que los vecinos se organizaran creando una asociación en defensa de sus derechos frente a la empresa.

Un peculiar modelo de política pública de vivienda

Ya a nadie de los adjudicatarios de estas viviendas le es inadvertido que “el negocio fue redondo”. Patricia García fue la primera presidenta de la Asociación de Adjudicatarios de viviendas del Montecillo y hoy actual concejal del grupo municipal Contigo por las Rozas en el Ayuntamiento. Asegura que “cuando estalló la burbuja inmobiliaria, las políticas públicas de vivienda en la región aseguraron el negocio privado en el mercado de la vivienda protegida. Tenemos los mismos desenlaces en toda la Comunidad y en Las Rozas nuestra particular `trama´”.

La Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de las Rozas vendió por 10 millones de euros una parcela pública a la empresa privada Ferrocarril Intermediación y Patrimonio S.A para la construcción de las viviendas protegidas. Esta parcela municipal estaba cedida a la EMGV con la condición de que por 30 años se dedicara a la vivienda protegida, sin embargo antes de la entrega de los pisos, se reduce en un Pleno municipal a 7 años—aunque aún no está inscrito así en el Registro de la Propiedad— acorde al Decreto regional del 2005 que regía el voluntario Plan de Vivienda Joven. Los adjudicatarios firman entonces condiciones híbridas entre una vivienda protegida y una promoción privada. Por ejemplo, el precio de la futura opción de compra lo tienen que firmar con un coeficiente al máximo— estimación que contempla la subida futura de los precios pero que resultó errónea porque la crisis dio al traste con la revalorización—cuando hoy estos pisos de 55 metros cuadrados valen 50.000 euros menos.

El panorama siempre ha sido agridulce desde el estreno de las viviendas. Según cuenta Marta Díaz, actual presidenta de la asociación, “fue un verdadero patio de colegio, la mayoría nos conocíamos del instituto, formábamos una comunidad curiosa y tierna. Ahora solo quedamos 115 familias de las que entramos en origen y muchos no son de las Rozas”. Patricia señala que “en el 2013 nos subieron el alquiler hasta los 810 € pero presionando a la EMGV conseguimos que lo volvieran a rebajar a los 700 €”.  También por entonces, con más de 100 viviendas vacías, se modifica el reglamento regional de las viviendas protegidas y se elimina el requisito de ser menor de 35 años para acceder a esta viviendas. La ley se va haciendo como un traje a medida al rescate de la empresa.

Vía libre a los fondos buitre

La situación no se podía pintar peor cuando Ferrocarril entra en quiebra. La urbanización también se resentía del abandono en el mantenimiento y reparaciones que no asume la Propiedad. La empresa intenta vender casas pero finalmente se convierten en activos tóxicos que pasan al SAREB—Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria—el banco `malo´ que con ventajas legales y apoyo público trata de cobrar deudas de la manera más rentable.  Y aquí aparece el fondo de inversión más grande del mundo: BLACKSTONE y su filial en España FIDERE que como describe la prensa, “desde el 2014 ha tejido una red de adquisiciones y participaciones empresariales sobre la vivienda protegida de alquiler con derecho a compra”.

No obstante, señala Patricia de Contigo por las Rozas que al principio de la Legislatura en el 2015 y con el PP en minoría en la Comunidad de Madrid, se aprobó con los votos de la oposición una modificación de la normativa regional para que se ampliara el régimen de alquiler manteniendo precios protegidos y la prohibición de que estas promociones puedan pasar a manos de fondos `buitre´. Sin embargo recuerda que “está sin desarrollar ni aplicar porque al PP no le interesa”.

Los adjudicatarios vieron como las viviendas volvían a ser moneda de cambio de una nueva propietaria que según Valeska “nos dio pánico sabiendo de sus prácticas de desahucios y engaños”.  Comenzó subiendo precios,  de forma desigual y enviaron un frío burofax anunciando la fecha de vencimiento de la ´protección´ en el 2017.

Luis se ha convertido en una voz influyente entre sus vecinos y ha intervenido en varios Plenos municipales para advertir junto a la oposición de los puntos más oscuros de este proceso. “Estamos preguntando por qué se cancela, justo antes de la adquisición de las viviendas por Fidere, la segunda condición resolutoria—que permite retornar la parcela pública al Ayuntamiento si no se cumple con la normativa de protección de las viviendas— y por qué se hace también antes de cumplir el plazo de los 7 años de protección”.  Anuncia que están creando una nueva asociación con todas las personas afectadas por las viviendas protegidas,  “con intención de llegar hasta el fondo de la cuestión”.

Javier describe la situación de las personas en las viviendas de El Montecillo, “solo el 25 % está planteándose la compra de la vivienda, pero el 75 % restante querría seguir en alquiler pero las condiciones son abusivas”. Una representación de vecinos acudió hace meses a pedir intermediación a su Ayuntamiento.  El Pleno aprobó que el Alcalde los acompañara  para llevar sus peticiones a FIDERE antes de que sus viviendas se convirtieran en `libres´ y perdieran lo que ha quedado de la maltrecha `protección´. Pedían que la renta subiera marcado por el IPC—debe ser de un 3% y les quieren aplicar un 13 %—también suprimir las cláusulas abusivas—pagar el seguro de mantenimiento de la caldera, responsabilidad civil de la vivienda y por desperfectos, etcétera—. Que asuma reparaciones y mantenimiento que falta en la urbanización,  y que no se les incluya los costes de una segunda plaza de garaje. La respuesta de FIDERE fue aún más sorprendente “desestiman todo lo que pedimos y nos hacen una oferta de compra dentro de 3 años más abusiva. La sensación es aún más denigrante”.

Bastante gente se está marchando del municipio, se van a compartir habitaciones—algunos llevan poco tiempo y no conocían esta situación—otros dicen que aguantarán para luchar por eliminar lo abusivo “tenemos nuestra vida hecha aquí, el trabajo y la familia” y situaciones diversas como quienes no tienen ingresos fijos o mujeres solas o divorciadas con renta muy baja que no pueden hacer frente a estas subidas.

En un municipio donde se proyecta la imagen de riqueza y  bienestar, la indignación ha brotado y calado en los ánimos de los vecinos de El Montecillo que afirman que “no hay derecho a la vivienda”.  Y,  en Las Rozas ven con descaro como la burbuja inmobiliaria se está de nuevo inflando y con más fuerza. Ellos dicen que “parece que no aprendemos”.